Ejecución de Sanciones Penales Fase teórica Unidad 1 Marco normativo 1.1. La reforma constitucional en materia de seguridad pública y de justicia (2008) Decreto.
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Ejecución de Sanciones Penales Fase teórica Unidad 1 Marco normativo 1.1. La reforma constitucional en materia de seguridad pública y de justicia (2008) Decreto de reforma publicado en el DOF el 18 de junio de 2008. Aspectos relevantes: Implementación del proceso acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, inmediación, concentración, continuidad y contradicción. En el ámbito del sistema de justicia, se pretende una reforma integral. Se incorporan catálogos de principios generales del proceso y de derechos a favor de los imputados, de las víctimas y de los ofendidos. En materia de ejecución de sanciones penales destaca: Reforma al artículo 18, párrafo segundo, de la CPEUM, que atañe al sistema penitenciario. Reforma al artículo 21, párrafo tercero, de la CPEUM, que introduce la judicialización de la ejecución de las sanciones penales. En ambos casos, las modificaciones constitucionales entraron en vigor 3 años después de la publicación del decreto, es decir, el 19 de junio de 2011 (art. quinto transitorio). Redacción anterior Redacción vigente Artículo 18. (…) Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Artículo 18. (…) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Redacción anterior Redacción vigente Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Artículo 21. (…) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 1.2. La reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011) Decreto de reforma publicado en el DOF el 14 de julio de 2011, y vigente a partir del día siguiente. Aspectos relevantes: Distingue entre los conceptos de “derechos humanos” y “garantías individuales”. Reconoce, a nivel constitucional, la importancia del Derecho internacional de los derechos humanos. Prevé mecanismos interpretativos de las disposiciones normativas relacionadas con los DDHH. Alude a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en la aplicación de las normas atinentes a los DDHH. 1.3. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Michoacán (2011) Promulgada mediante decreto 341, publicado en el POE, el 14 de junio de 2011. En vigor desde el 15 de junio de 2011. Características: Cuenta con 11 títulos. Contiene disposiciones atinentes a la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad. Instituye, a nivel local, la figura del juez de ejecución de sanciones penales. Distingue entre las atribuciones que corresponden a las autoridades judicial y administrativa en esa materia. Regula el sistema penitenciario local y la asistencia post-penitenciaria. Cataloga los beneficios y sustitutivos penales a los que pueden acceder los sentenciados. Contiene normas procesales en materia de ejecución de sanciones y protección de derechos de internos: Procedimiento ordinario de ejecución. Procedimiento incidental de ejecución. Recursos. 1.4. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán (2012) Promulgado mediante decreto 4251, publicado en el POE, el 13 de enero de 2012. Características esenciales: Es acorde con los principios del proceso penal acusatorio a que se refiere el artículo 20 de la CPEUM. Su Título Décimo se ocupa de regular la ejecución de las sentencias. Su entrada en vigor es gradual y regional, acorde con el siguiente esquema. Región Distritos que la integran Morelia Zamora Uruapan Jiquilpan La Piedad Morelia Los Reyes Ario Pátzcuaro Puruándiro Tacámbaro Zinapécuaro Sahuayo Uruapan Tanhuato Zacapu Zamora Lázaro Cárdenas Zitácuaro Apatzingán Arteaga Coahuayana Lázaro Cárdenas Hidalgo Huetamo Maravatío Zitácuaro Apatzingán Coalcomán Existen supuestos de aplicación inmediata en el nuevo CPP, es decir, que se encuentran en vigor a partir del 14 de enero de 2012, a saber: Institución procesal Fase Autoridad (es) encargada (s) de su aplicación Facultad de no inicio de la investigación Inicial (investigación) Ministerio público Archivo temporal Inicial (investigación) Ministerio público Aplicación de los criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal Inicial (investigación) Ministerio público Acuerdos reparatorios y suspensión del proceso a prueba Intermedia Ministerio público, Juez de primera instancia, mixto o penal, y juez menor Procedimiento abreviado Intermedia Juez de primera instancia, mixto o penal, y juez menor Recurso de revisión Impugnativa Magistrados (as) Penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 1.5. El Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (2012) Emitido por el Consejo del Poder Judicial, en acatamiento al art. 9º transitorio del decreto que promulgó la LESPEM. Publicado en el POE del 8 de junio de 2012 y en vigor a partir del día siguiente. Propósito: Es una norma que complementa o amplía el contenido de la LESPEM y que resulta jerárquicamente inferior a ésta. Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán no prevé reglas procesales que permitan hacer efectivos los principios del proceso acusatorio y oral. En tanto cobra vigencia la legislación adjetiva penal acorde con el sistema que prevén la CPEUM y LESPEM, resulta indispensable y normativamente justificado establecer reglas procesales que traduzcan los principios del proceso acusatorio y oral, en abono tanto del adecuado ejercicio de la función de los jueces de ejecución de sanciones penales, como de la seguridad y certidumbre jurídica de los justiciables. Contar con normas que regulen la organización de los juzgados de ejecución de sanciones penales, y el ejercicio de las funciones que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales asigna a sus titulares. Contenido: Glosario Principios rectores del procedimiento de ejecución (acordes con el proceso acusatorio y oral) Organización e integración de los juzgados de ejecución (parte orgánica) Integración de expedientes (personal y de ejecución) Reglas procesales (actos procesales, notificaciones, sujetos, competencia, procedimiento ordinario e incidental, recursos, procedimientos especiales, desarrollo de las audiencias) Distribución geográfica del Estado, para los efectos de la ejecución de sanciones penales En cada una de las siguientes regiones deberá existir cuando menos un juez de ejecución. Regiones: Apatzingán Lázaro Cárdenas Morelia Uruapan Zamora Zitácuaro El Reglamento tiene efectos de aplicación inmediata, por lo que es factible que los jueces de la causa recurran a sus disposiciones. Los jueces de la causa deben conocer de los trámites relacionados con el acceso a los beneficios de la conmutación de la sanción y de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, y llevarán a cabo las diligencias de notificación, en tratándose de sentenciados que no se encuentren en el lugar donde resida el JE. El Reglamento dejará de surtir efectos en la manera en cobre vigencia el nuevo CPP, por lo que a más tardar el 22 de octubre de 2015, las disposiciones de carácter procesal que se contienen en él quedarán derogadas. Unidad 2 El juez ejecución sanciones penales de de 2.1. Naturaleza de la figura La reforma constitucional en materia penal del 2008 introdujo la judicialización de la ejecución de las sanciones, a través de una figura: el juez de ejecución (JE). Corresponde al JE la aplicación del derecho ejecutivo penal, que puede conceptualizarse como se hace consistir en el estudio analítico, teórico y práctico de la ejecución de las sanciones penales (penas, medidas de seguridad y medidas aplicadas a los adolescentes infractores), impuestas por la autoridad penal competente, reconociendo y respetando los derechos del sentenciado, con la finalidad de lograr la reinserción social de éste. La creación de esta figura responde al interés de transparentar la función ejecutiva penal, a través de la observancia de distintos principios. El JE no asume funciones de “carcelero”, pues el impacto de sus resoluciones en el ámbito de la administración de los centros de reclusión tienen ciertos límites; de hecho, sus atribuciones y facultades tienen un carácter eminentemente jurisdiccional. Conforme a las disposiciones de la LESPEM, en Michoacán el juez de ejecución es realmente un juez de vigilancia penitenciaria, que tiene a su cargo la función de vigilar el debido cumplimiento de las sanciones penales, y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los internos, mediante el control de los actos de las autoridades administrativas encargadas de la dirección de los centros preventivos y de reinserción social. 2.2. Funciones En el Estado de Michoacán, el juez de ejecución tiene una doble función: De control, al constituirse en garante de los derechos de quienes se encuentran privados de su libertad con motivo de una sanción de carácter penal, en su calidad de vigilante de las determinaciones que asuma la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones; y, De decisión, al corresponderle atender aquellas cuestiones que tengan que ver con la duración y modificación de las sanciones penales. Por tanto, cuando una sanción de carácter penal amerite ser modificada en sus alguno de sus aspectos, así como cuando resulte conveniente conceder al sentenciado alguno de los beneficios previstos en la ley, la función del juez de ejecución será de carácter resolutora. Cuando le corresponda pronunciarse sobre la pertinencia de las determinaciones asumidas por la autoridad administrativa en la ejecución material y directa de las sanciones o en la dirección de los centros, se asumirá como un juez de control de legalidad, teniendo como eje el respeto a las garantías y derechos fundamentales de aquél. El juez de ejecución se constituye como un órgano de control de la legalidad de las determinaciones asumidas por la autoridad penitenciaria y, además, cuenta con facultades para resolver lo inherente a la modificación y a la duración de las sanciones penales, teniendo presente en ambos casos la preservación y el respeto a los derechos de los sentenciados y de las víctimas. Tales derechos tienen como fuente los siguientes instrumentos: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes secundarias. Los tratados internacionales. Los instrumentos internacionales que, sin tener carácter vinculante, sí tienen fuerza persuasiva. Entre dichos instrumentos internacionales, en materia de ejecución de sanciones, pueden citarse: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José-1969) Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (1977) Principios de Ética Médica en la Protección de Personas Presas o Detenidas contra la Tortura (1982) Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (1988) Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990) Guía para el tratamiento de personas con VIH-SIDA en condición de prisión (1993) Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio 1990) 2.3. Principios rectores de la ejecución de sanciones Legalidad: la administración de las sanciones se administrará ajustándose a la ley de la materia y en los términos de la sentencia dictada por la autoridad judicial. Dignidad e igualdad: la administración de las penas y medidas de seguridad debe desarrollarse con respeto a los derechos no afectados por la sentencia, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquier otra circunstancia de análoga naturaleza. Trato humano: se prohíbe el maltrato físico, la aplicación automática de sanciones y todo procedimiento vejatorio de las personas sometidas al cumplimiento de cualquiera de las sanciones y medidas de seguridad. Jurisdiccionalidad: la legal ejecución de las penas y medidas de seguridad recaerá en el juez de ejecución, quien garantizará la ejecución de las mismas y resolverá todo incidente conforme al proceso de ejecución previsto en la ley. Celeridad y oportunidad: los procedimientos ante el juez de ejecución, inherentes a la ejecución de las sanciones penales, se harán de manera expedita; así como la atención de los recursos presentados ante dicha autoridad, conforme a los términos previstos en la ley. Inmediación: las decisiones inherentes a la ejecución de las consecuencias jurídico penales y, en especial, las relativas a la ejecución de la sanción privativa de la libertad y las modalidades de los programas de reinserción social de que conozca el juez de ejecución, serán pronunciadas en audiencia ante el imputado. Confidencialidad: el expediente personal de las personas sentenciadas a cualquiera de las consecuencias jurídicas del delito tendrá trato confidencial y solo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes o las personas directamente interesadas en su tramitación. 2.4. Facultades y deberes del juez de ejecución Garantizar el efectivo cumplimiento de las sanciones penales, sean o no privativas de la libertad y de la prisión preventiva. Controlar la aplicación de los sustitutivos de prisión impuestos por el juez competente y resolver sobre la adecuación de la sanción privativa de la libertad y, en su caso, sobre la libertad condicional. Hacer efectivas las multas y cauciones impuestas en la sentencia. Resolver las controversias que se susciten entre autoridades y personas internas. Declarar la extinción de las sanciones, sean o no privativas de libertad, y medidas de seguridad en los términos previstos por el código penal. Conocer y resolver los incidentes y recursos previstos en la ley, o los que se regulen en otras disposiciones jurídicas de la materia. Resolver sobre las propuestas de otorgamiento de la libertad condicional que formule el titular de la Subsecretaría. Resolver sobre las solicitudes de rehabilitación de derechos, funciones o empleo, en los términos del código penal y la ley. Resolver los asuntos que sean materia de procedimientos ordinario e incidental de ejecución. los Instrumentar los sistemas necesarios para la debida integración de los expedientes de ejecución, hasta que se declare extinta la sanción o la medida de seguridad impuesta. Conocer y resolver el recurso de queja interpuesto en contra de las actuaciones u omisiones de autoridades penitenciarias distintas del titular del área responsable o de la Dirección del Centro, que vulneren los derechos de las personas internas o visitantes. Verificar, por lo menos semestralmente, que los centros se sujeten y cumplan con los contenidos de la ley y las demás disposiciones jurídicas en la materia. Autorizar o, en su caso, ratificar las determinaciones asumidas por las autoridades administrativas respecto al traslado de los internos de un centro a otro. 2.4. Facultades y deberes de las autoridades administrativas en materia penitenciaria El cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad que impongan los órganos jurisdiccionales. La vigilancia de la prisión preventiva impuesta por el órgano jurisdiccional. La administración, organización, disciplina y funcionamiento de los centros. Garantizar la seguridad de toda persona que labore o por cualquier motivo ingrese a dichas instalaciones. La imposición de sanciones a las personas internas cuando incurran en las infracciones contenidas en el reglamento de la Ley (medidas disciplinarias). 2.5. Organización interna de los juzgados de ejecución El Reglamento de los JES dispone que el JE será auxiliado por el personal administrativo que determine el Consejo del Poder Judicial, atendiendo a las necesidades del servicio y a las posibilidades presupuestarias. Las funciones de este personal serán de carácter administrativo, ya que la actividad jurisdiccional corresponde exclusivamente al juez de ejecución, quien gozará de fe pública en las actuaciones que practique, al igual que el servidor público encargado de practicar notificaciones. Para el desarrollo de las actividades administrativas dentro de la oficina judicial, existirán las siguientes unidades: Unidad de atención al público, archivo y estadística; Unidad de causa; y, Unidad de sala. Cada una podrá estar integrada por áreas específicas, cuyas actividades serán determinadas por el CPJEM. Unidad 3 Derecho penitenciario 3.1. Concepto El derecho penitenciario es la rama del derecho que se ocupa del estudio de la ejecución de las sanciones privativas de la libertad y de las medidas de seguridad. 3.2. Penas y medidas de seguridad La pena puede ser definida como la disminución de uno o más bienes jurídicos impuesta jurisdiccionalmente al autor de un acto antijurídico, que no representa la ejecución coactiva, efectiva, real y concreta del precepto infringido, sino su reafirmación ideal, moral y simbólica. La medida de seguridad es entendida como una privación de derechos que persigue una finalidad tutelar que no supone sufrimiento, es consecuencia de la manifestación de un “estado peligroso” y consiguientemente no puede tener término preciso de expiración. El CP (art. 24) identifica a las sanciones y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas del delito, previendo el siguiente catálogo: Prisión con trabajo obligatorio; Confinamiento; Prohibición de ir a un lugar determinado o de residir en él; Multa; Reparación del daño; Inhabilitación, suspensión y privación de derechos; Destitución y suspensión de funciones o empleos; Publicación especial de sentencia; Decomiso de los instrumentos del delito; Decomiso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas; Amonestación; Apercibimiento; Caución de no ofender; Vigilancia de la autoridad; Internación; Intervención, prohibición de realizar determinadas operaciones o negocios, y disolución de las personas jurídicas colectivas; Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad; y, Tratamiento psicológico especializado. 3.3. La reinserción social La modificación del art. 18 de la CPEUM, nos coloca frente a un paradigma que transforma sustancialmente la visión del sistema penitenciario, al abandonarse el concepto de “readaptación social” y adoptarse el de “reinserción social” como finalidad del mismo. A este respecto, conviene recordar que el sistema penitenciario, por disposición constitucional, tiene como propósito –por una parte–, la prevención del delito, y –por la otra– la reinserción social. La sustitución del concepto de “readaptación social” por el de “reinserción social” no responde a un mero cambio semántico, sino a una transformación profunda del sistema penitenciario. No obstante que ambos tienen como punto en común la normalización social del sentenciado, la reinserción social privilegia los contenidos sociales de la sanción penal y su ejecución, procurando el fortalecimiento de los vínculos sociales del individuo (en su entorno familiar, comunitario, social e institucional), mientras que la readaptación social atiende esencialmente a factores de carácter biológico y mental, con un componente social que no resulta fundamental. Tanto desde una óptica general, ya que la imposición de una sanción y su ejecución procura incidir en el entorno social para que quienes lo integran se abstengan de efectuar conductas antijurídicas; como específica, ya que tiende a evitar que el propio sentenciado reincida. 3.4. Medios para lograr la reinserción social En términos del art. 18 de la CPEUM, para lograr la reinserción social, el sistema penitenciario debe recurrir a los siguientes medios: El trabajo y la capacitación para el mismo; La educación; La salud; y, El deporte. Por su parte, los medios que la LESPEM reconoce para alcanzar la reinserción social, a través del tratamiento penitenciario son los siguientes: Trabajo; Capacitación; Educación; Salud; Deporte; Vinculación con el exterior: Visita familiar Visita de defensores Visita de asistencia social y religiosa Mujeres internas e hijos que las acompañan 3.4. Derechos humanos de personas en condición de reclusión A las personas en condición de reclusión se les considera como personas en condición de vulnerabilidad para el efecto de acceder a la justicia (Reglas de Brasilia). Los derechos humanos encuentran contenido en los distintos instrumentos internacionales, que los desarrollan. Incluso, contemplan derechos adicionales a fin de preservar la dignidad de los reclusos (vestido, atención médica en tratándose de enfermedades graves y terminales, prohibición del hacinamiento, etc.). Finalmente, conviene acotar que, conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de los jueces de ejecución -y, en general, de todas las autoridades- proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos; además de ello, las normas relativas a la ejecución de sanciones deben aplicarse e interpretarse de conformidad con la norma constitucional y los tratados internacionales, atendiendo al principio pro homine. Unidad 4 Beneficios sustitutivos penales y 4.1. Generalidades El art. 149 de la LESPEM, reconoce como sustitutivos penales: Ejecución de la sanción en externación; Preliberación; Libertad condicional; Remisión parcial de la pena; Modificación de la pena de prisión; y, La conmutación de la sanción o la suspensión condicional de la ejecución de la sanción. Las autoridades competentes para aplicar dichos sustitutivos son los jueces de ejecución. Ninguno de ellos puede proceder si a juicio del juez y con elementos objetivos suficientes, no se garanticen los principios de reinserción social, o bien, cuando por las características bajo las cuales se cometió el delito y que con la libertad del sentenciado se ponga en riesgo la paz y la tranquilidad social. Unidad 5 Procedimiento de ejecución de sanciones 5.1. Generalidades El control de la ejecución de las sanciones penales en sede judicial, supone la tramitación de un proceso formal, cuyas características son: Será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La valoración de las pruebas se sujetará a las reglas de la lógica, la experiencia y el prudente arbitrio del órgano jurisdiccional. Este procedimiento se encuentra sujeto a los siguientes principios: El de igualdad: garantizar a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos, en condiciones de igualdad; de ahí que se encuentre prohibido al juez de ejecución el mantener cualquier tipo de comunicación con alguna de ellas, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas durante el desarrollo de la audiencia. El respeto al derecho de defensa, el que se considera inviolable en esta etapa del proceso penal; a este respecto, conviene señalar que la defensa debe ser técnica y adecuada, de ahí que quien tenga a cargo su desempeño deba ser licenciado en derecho (particular o público); dicha prerrogativa se encuentra integrada: por la posibilidad de que el interno tenga comunicación libre y privada con su asesor jurídico; disponer del tiempo y de los medios razonables para preparar su defensa, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas que pretendan aportar. Objetividad, fundamentación y motivación Atendiendo al principio de contradicción, durante el desarrollo de las audiencias, se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que resulta innecesario invocar los preceptos legales en que se fundamentan, salvo los casos en que así sea solicitado por alguna de las partes, por existir duda sobre ello; en este caso, el juez decidirá sobre si procede o no la aclaración pedida; cuando se trate de resoluciones escritas, sí deben invocarse los preceptos que sirvan de sustento a la decisión. Lealtad y buena fe: las partes deben evitar planteamientos dilatorios; planteamientos meramente formales; o, cualquier abuso de las facultades que la ley les conceda. En lo general, las solicitudes que se formulen al juez de ejecución, deben ser claras y precisas. 5.2. Procedimiento ordinario En la vía ordinaria de ejecución, deberán sustanciarse los asuntos que versen sobre lo siguiente: La adecuación y modificación de la sanción de prisión en la fase de ejecución, en los términos que la legislación penal y la ley de ejecución de sanciones penales establecen. Las peticiones de traslado que formulen las personas internas, las autoridades penitenciarias locales o de otras entidades federativas. La declaración de la extinción de las sanciones de prisión y de aquéllas que no impliquen privación de la libertad, así como de las medidas de seguridad. La restitución de los derechos del sentenciado. Las demás solicitudes de las personas procesadas y sentenciadas sobre la prisión preventiva y la ejecución de la sanción. La revocación de los beneficios otorgados y ordenar en su caso, la detención del sentenciado. La determinación sobre cuál es la ley más benéfica al sentenciado, en los casos de reformas a la legislación penal que incidan en la sanción impuesta. Formulación de Solicitud Legitimación: interno, defensa, Ministerio Público, ofendido o víctima. ¿La solicitud ha sido formulada por parte legítima? Se desecha de plano NO SI ¿El beneficio solicitado es notoriamente improcedente? NO SI Verificación sobre la existencia de expediente de ejecución respecto del sentenciado Se sustanciará en el mismo expediente SI NO Se integrará el expediente de ejecución AUTO ADMISORIO ¿La naturaleza de la solicitud requiere de debate, producción de prueba o alude a la concesión de beneficios? SI NO Se resuelve la solicitud sin ulterior trámite De ser necesario, se solicitan informes sobre el sentenciado. De ser necesario, se concederá un término de 3 días para el ofrecimiento de pruebas. Se admitirán y reservará su desahogo para la audiencia. AUDIENCIA 5.3. Procedimiento incidental Los artículos 17 y 18 de la ley de ejecución de sanciones penales del Estado de Michoacán, disponen la forma en que deben tramitarse los incidentes dentro del proceso de ejecución y su materia. Ésta se encuentra integrada por todas aquellas cuestiones que se propongan durante la sustanciación de los procedimientos ante el juez, sea que se originen por la actuación de éstos o de las autoridades penitenciarias, y que no tengan una forma de tramitación específica. De esta manera, por exclusión, deberán sustanciarse en la vía incidental aquellas cuestiones no previstas en el artículo 13 del mencionado ordenamiento. Formulación de Solicitud Legitimación: interno, defensa, Ministerio Público, ofendido o víctima. ¿La solicitud ha sido formulada por parte legítima? Se desecha de plano NO SI ¿La solicitud es notoriamente improcedente? NO SI Verificación sobre la existencia de expediente de ejecución respecto del solicitante Se sustanciará en el mismo expediente SI Se integrará el expediente de ejecución NO Se da vista a las partes para que contesten a la solicitud AUTO ADMISORIO ¿La naturaleza de la solicitud requiere de debate, producción de prueba? SI De ser necesario, se concederá un término de 3 días para el ofrecimiento de pruebas. Se admitirán y reservará su desahogo para la audiencia. NO AUDIENCIA Se resuelve la solicitud sin ulterior trámite Etapas de la audiencia oral Preliminares Alegatos de apertura; Actividad probatoria; Alegatos de cierre; y, Resolución. 5.4. Recursos Queja Revisión Apelación 5.4.1. Queja Es oponible frente a las actuaciones y omisiones de autoridades penitenciarias distintas del titular del área responsable o de la dirección del centro, que vulneren los derechos de los internos o de los visitantes. 5.4.2. Revisión Es oponible frente a las actuaciones y omisiones de autoridades penitenciarias distintas del titular del área responsable o de la dirección del centro, que vulneren los derechos de los internos o de los visitantes. 5.4.3. Apelación Este recurso procede contra las resoluciones definitivas e incidentales dictadas por el juez de ejecución. Su resolución corresponde a las salas penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De manera particular, procede contra: Las resoluciones de los procedimientos ordinarios de ejecución, por las que se declare la acreditación parcial de beneficios de reducción de la sanción; la extinción de la sanción o medida de seguridad; la denegación de la extinción de la sanción o medida de seguridad; y la adecuación de la sanción privativa de libertad o medida de seguridad. Las resoluciones de incidentes. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación en contra de las determinaciones del titular de la dirección del centro. Las resoluciones de incumplimiento respecto de las medidas ordenadas por el juez al titular de la dirección del centro. Las sanciones impuestas por los jueces a los titulares de la dirección del centro. Unidad 6 Principios del proceso acusatorio y oral Principio Oralidad Publicidad Características Implica la utilización del sistema de signos fonéticos (lenguaje oral) y una mayor facilidad de emisión y recepción, con la consecuente posibilidad de que dichos signos fonéticos sean acompañados por acciones (ademanes, contracciones fisonómicas, movimientos del cuerpo) voluntarias o involuntarias, que incrementen la potencia expresiva de aquéllos. Permite que exista un control en cuanto a todo lo actuado en las audiencias, no sólo entre las partes procesales, sino también por parte del público que acude a la sala a presenciar una audiencia. Abona por un sistema más transparente en el que las pruebas son públicas y contradictorias, teniendo como consecuencia la igualdad procesal para argumentar y contra-argumentar. Principio Características Es fundamental para garantizar la igualdad entre las partes, lo que solo se hace patente en un sistema adversarial en el que los contendientes tengan la misma oportunidad de argumentar y contra-argumentar. Se da mediante el adecuado desarrollo de la dialéctica procesal. Contradicción Es consubstancial al de igualdad, pues de nada serviría el reconocimiento del mismo si no se contara con facultades jurídicas para controvertir los hechos, ofrecer y objetar pruebas, así como argumentar. Permite elevar la calidad de la información que los jueces utilizan para la toma de decisiones, al someterse a la información que cada parte produce al estricto control de la contraria. Se refiere a reunir, unificar y agrupar en el menor número de Concentración audiencias diversos actos procesales, partes procesales, sujetos intervinientes y medios de prueba, y de pequeñas varias audiencias en una sola; es decir, que en una sola audiencia se resuelvan distintas cuestiones procesales. Principio Continuidad Inmediación Características Dentro del sistema de audiencias en el juicio oral, se refiere a la manera ininterrumpida en que deben llevarse a cabo los distintos actos procesales, así como las audiencias que conforman el sistema. Indica que entre la recolección de la prueba y el dictado de la sentencia debe mediar un corto plazo; es colateral con el principio de concentración. Se refiere a la proximidad en torno al lugar donde se encuentren las personas que intervienen en una audiencia, esto es, permite que el juez reciba información que le proporcionen las partes en conflicto de manera directa, sin ningún intermediario ni barrera física para conocer de los argumentos y contra-argumentos de las partes, así como de las pruebas.