Transcript Industrias Extractivas y conflictos en Colombia

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y
CONFLICTOS EN COLOMBIA
Fabio E.Velásquez C.
Foro Nacional por Colombia
[email protected]
Quito, Julio de 2013
Dinámica de los conflictos
Un estudio del CINEP señala que la movilización social en
Colombia se ha incrementado como resultado de la
dinámica reciente de las IE en Colombia, en particular por el
aumento de la IED y de la presencia de actores armados
ilegales en el sector (104 conflictos en el sector de minería
entre 2000 y 2011)..
Esto ha sido particularmente cierto desde 2005 y con mayor
fuerza en el período 2007-2011 en lo que respecta a la
minería.
El sector petrolero registra igualmente conflictos, en
especial de carácter laboral, el más reciente de los cuales fue
la huelga en los pozos de Pacific Rubiales en el
Departamento del Meta.
Dinámica de los conflictos
Luchas sociales relacionadas con minería, 2000-2011
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
Oro
Fuente: CINEP
2005
Carbón
2006
2007
Megaminería
2008
2009
2010
2011
Tipificación de los conflictos
Actores , 2000-2011
Mineros
artesanales
24%
Pobladores
urbanos
14%
Campesinos
7%
Etnias
14%
Asalariados
41%
Fuente: CINEP
Tipificación de los conflictos
Motivos
Infraestructura
física
5%
Tierra
3%
Fuente: CINEP
Incumplimiento
pactos
26%
Pliego laboral
20%
Derechos
17%
Ambientales
23%
Políticas
2%
Solidaridad
4%
Tipificación de los conflictos
Una mejor clasificación de los conflictos es la
que distingue:
 Conflictos derivados de la defensa de
territorios étnicos.
 Conflictos en torno a la criminalización de la
pequeña minería.
 Conflictos socio-ambientales.
 Conflictos en torno al ordenamiento
territorial.
 Conflictos laborales en grandes empresas
Defensa de territorios étnicos
Defensa de territorios étnicos
3.977 de los 54.600 polígonos involucrados en las solicitudes
de título minero a 2010 afectan territorios de comunidades
indígenas y afro. Ello representa 5,4 millones de hectáreas.
Se trata de territorios colectivos, en algunos de los cuales se
realiza ancestralmente pequeña minería artesanal de
carácter familiar, como medio de subsistencia y, en ocasiones,
como complemento de actividades agrícolas.
Dos temas objeto de conflicto:
a. Derecho ancestral de las comunidades sobre el
territorio (Chocó).
b. Consulta previa (minería artesanal de oro en el Cauca).
Criminalización de pequeña minería
La política de formalización, emprendida por el gobierno
nacional, tiene como foco principal la lucha contra la minería
ilegal (explotación sin títulos, con importantes afectaciones
socio-ambientales).
Los instrumentos han sido la quema de maquinaria de
Unidades Productivas ilegales, combinada con programas de
legalización de títulos y capacitación de pequeños mineros.
El primer instrumento se ha aplicado en forma indiscriminada,
sin distinguir minería artesanal de minería ilegal
Paros
mineros en el Chocó (Agosto del 2012) y se prepara uno
para el próximo 17 de julio.
Conflictos socio-ambientales
En Colombia, las actividades de exploración (minería e
hidrocarburos) no requieren de licencia ambiental (Decreto
501 de 1995).
A finales de diciembre de 2012, en Colombia habían sido
suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5,6 millones de
hectáreas. De estos, 3.760 están en explotación y abarcan
cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área cercana al 1,8 por
ciento del territorio nacional.
Parte de esos títulos han sido concedidos en zonas de
protección ambiental (humedales, áreas de reserva forestal,
parque nacionales y regionales, páramos), zonas de
nacimientos de agua y de recargas de acuíferos.
Conflictos socio-ambientales
Alto impacto ambiental, sobre todo de los proyectos de
exploración y explotación de oro a cielo abierto, en
cabeza de empresas multinacionales.
Grandes movilizaciones en varias zonas del país (La
Colosa, en Tolima, Santurbán, en Santander, Marmato, en
Caldas, para citar las más recientes), que han movilizado
a diferentes sectores de la población en contra de este
tipo de minería por sus impactos ambientales (agua,
reservas forestales, contaminación de ríos, etc.).
Conflictos de ordenamiento
territorial
Dos lógicas para comprender las instituciones del OT en
Colombia.
Constitucional
Legal
El OT hace parte del
diseño de la nueva
arquitectura estatal.
(CP/91). El instrumento:
la LOOT.
El OT busca enfrentar a
través de leyes los retos
de la urbanización
acelerada. El
instrumento: la LDT
La Lógica Constitucional
OT como producto de un “Proyecto Territorial Nacional”, en
dos dimensiones estrechamente ligadas:
El mapa político del país
(entidades territoriales,
autoridades,
competencias y recursos)
La organización del
territorio (vocaciones
regionales, usos del suelo,
infraestructuras, jerarquía
urbana y equidad socioterritorial
Planificación territorial a escala regional y local
Esta lógica nunca tuvo aplicación en Colombia
La Lógica Legal
Acelerado proceso de urbanización no controlado
Ley de Reforma urbana (Ley 9ª. De 1989),centrada en tres
temas:
 Planeación urbana
 Construcción de vivienda popular
 Instrumentos de intervención del suelo urbano.
Esta ley tuvo muy poco aplicación, lo que llevó a su reforma
a través de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de
1997).
La Lógica legal
Esta ley entrega a las autoridades municipales el encargo
de formular los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), a
la luz de tres principios:
a. La función social y ecológica de la propiedad
b. La prevalencia del interés general sobre el particular; y
c. El reparto equitativo de las cargas y beneficios
Los POT tienen tres componentes:
General: Estrategias de largo plazo
Urbano: normas para el desarrollo urbano.
Rural: políticas, para orientar la conveniente utilización del
suelo para actividades agropecuarias y mineras.
La Lógica legal
Supuesto
La autonomía de los municipios para formular el POT.
Sin embargo, esa autonomía es desconocida por normas
nacionales, entre ellas:
 El Código Minero, que declara la actividad minera como
actividad de utilidad pública e interés social. El CM abre
la posibilidad de sustraer áreas de protección para la
explotación minera y señala que “ninguna autoridad
regional, seccional o local podrá establecer zonas del
territorio que queden permanente o transitoriamente
excluidas de la minería” (Art. 37)
La Lógica legal
 Decreto 2201 de 2003: Los planes o esquemas de OT de
los municipios y distritos no pueden ser opuestos a las
actividades consideradas por el legislador de utilidad
pública e interés social cuya ejecución corresponda a la
Nación.
 Decreto 934 el 9 de mayo de 2013: la decisión de
establecer zonas excluidas y restringidas de minería
compete exclusivamente a las autoridades minera y
ambiental. Por tanto, los POT de los municipios y
distritos no podrán incluir disposiciones que impliquen
un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de
su jurisdicción, salvo previa aprobación de las autoridades
nacionales.
La Lógica legal
Estas disposiciones han causado malestar entre las
autoridades locales y han producido tensiones entre las
colectividades locales (alcaldes y comunidades) y el
gobierno nacional, pues anulan la autonomía de los
municipios.
Existen sentencias de la Corte Constitucional que declaran
inexequibles algunas de estas medidas (el decreto 2201 de
2003) y reivindican la autonomía de los municipios para
formular su POT y regir los usos del suelo.
El Decreto 934 acaba de ser demandado.
El papel del Estado
El gobierno nacional declaró al sector minero-energético
como la principal locomotora del desarrollo del país. Sin
embargo, son varias las debilidades del Estado para regular
el sector:




Desarticulación institucional, especialmente entre el
MME y el MMAyDT
Baja capacidad de control de la producción
Legislación ambigua que genera incertidumbre y reglas
de juego imprecisas para los inversionistas. Es la mayor
queja de estos últimos
Laxitud en la entrega de títulos mineros (la ventanilla de
solicitudes se reabrió el pasado 3 de julio. En un día
hubo 2.000 solicitudes).
El papel del Estado
En ese marco, que contrasta con su afán de estímulo a las
grandes inversiones en el sector, el gobierno ha dado un
tratamiento a los conflictos que combina represión con
negociación.
En el primer caso, el argumento es que muchas de estas
manifestaciones de descontento, por ejemplo de los
pequeños mineros, pueden ser acciones organizadas por las
guerrillas, lo que amerita un tratamiento militar.
En el segundo caso, los acuerdos son generalmente
incumplidos, lo que genera nuevas confrontaciones.
El papel del Estado
Además, el gobierno nacional no tiene una política clara en
materia de consulta previa:
• Ratificación del convenio 169 de la OIT.
• Expedición del Decreto 1320 para reglamentar los
procesos de consulta previa.
• Descontento de las comunidades étnicas con el Decreto
• Sentencias de la Corte Constitucional en las que ordena
no aplicar ese decreto en varios casos analizados.
• El gobierno prepara un proyecto de ley desde hace dos
años que no ha querido tramitar
• Las comunidades étnicas se niegan hoy a ser consultadas
mediante los procedimientos del 1320.
El papel del Estado
Se requieren cambios de política y nuevos diseños
institucionales para el tratamiento democrático de los
conflictos:
- Políticas incluyentes que contemplen los diferentes tipos
de minería (según escala).La política de formalización no
ha dado resultados por trabas que el mismo proceso
impone a los pequeños mineros.
- Políticas para el sector extractivo articuladas con
políticas ambientales y de participación ciudadana,
incluida la consulta previa)
- Diseños institucionales: articulación de entidades
nacionales en torno a una política única.
- Cambio en las relaciones intergubernamentales